miércoles, 18 de mayo de 2016

#LibertadPorSiAcaso Convocada en Huesca una “Velada por la libertad” en solidaridad con la manifestante condenada “por si acaso”




Una “Velada por la libertad” tendrá lugar este miércoles, 18 de mayo en Huesca, convocada  en solidaridad con la manifestante condenada por una protesta sin incidentes en defensa de la educación pública celebrada en el campus universitario. Música, poesía, y una charla del grupo de Derechos Civiles 15M de Zaragoza sobre “la represión ejercida para intentar parar la movilización ciudadana” de los últimos años, conforman este acto que tendrá lugar, a las 19 horas, en la plaza de Navarra. 

La plataforma ciudadana de apoyo a Raquel, un colectivo, constituido por estudiantes, participantes en aquel acto y ciudadanos preocupados por el recorte de las libertades públicas, promueve esta iniciativa y denuncia que “se la sanciona ‘por si acaso’ ”,  por si su actuación hubiera podido producir incidentes, que la Universidad negó que se hubieran dado y que  el propio juez que la condena señala que no se produjeron.
 
Raquel ha sido sancionada por participar en la protesta contra los recortes en la enseñanza pública, realizada con motivo de una visita de la entonces princesa Letizia y la consejera de Educación Dolores Serrat, y en la que se había anunciado que participaría el ministro José Ignacio Wert, quien finalmente no acudió. 

Un juzgado de la capital altoaragonesa ha confirmado una sanción “grave” impuesta por la Delegación del Gobierno  por “provocar reacciones en el público” que “puedan alterar la seguridad ciudadana”, a pesar de que los responsables de seguridad en esa jornada de la Escuela Politécnica Superior -en cuyo recinto se celebraba la manifestación-, profesores y periodistas desmintieron en el juicio que se hubiesen producido ningún momento tensión durante el acto. El propio juez reconoce en la sentencia que “la conducta” de la joven “no causó desorden público real alguno”. 

La plataforma ciudadana de apoyo a Raquel  denuncia la indefensión en que quedan los manifestantes ante este tipo de sanciones  y la vulneración, “de hecho”, del ejercicio de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación y la libertad de expresión.  

La concentración contra la privatización y los recortes en educación, por la que la joven ha sido sancionada se celebró en 2013, concluyendo sin que ningún manifestante  fuera identificado por la policía. Tampoco la sancionada. Meses después la manifestante recibió una denuncia de la Delegación del Gobierno. “Nos encontramos ante un caso que no solo vulnera los derechos fundamentales”, señalan, sino que además genera dudas el método utilizado para la identificación” de la manifestante.

Tras sucesivos recursos administrativos, que se prolongaron durante años,  el 17 de febrero de 2016, se celebró la vista en el juzgado contencioso administrativo número 1 de la capital oscense. En él declararon tres testigos presenciales: un trabajador de la televisión que estaba cubriendo el acto, la responsable de seguridad de la universidad durante la protesta y un profesor del campus que, como recogieron los medios de comunicación presentes en la sala, desmintieron que los hechos en que se basa la acusación se produjeran.  A pesar de considerar “verosímil” su testimonio, el juez mantiene, basándose exclusivamente en la declaración de un policía, la sanción grave, aunque reduciéndola de 1000 euros, a su cuantía mínima, 300,51.

La plataforma de apoyo a Raquel denuncia la “subjetividad” de la figura sancionadora que se usa, y considera que la aplicación sistemática de la “presunción de veracidad” de la policía deja indefensos a los manifestantes. Igualmente, considera  que rompe con la necesaria imparcialidad” el hecho de que las sanciones administrativas a personas que cuestionan las políticas del Gobierno sean impuestas por militantes del partido que las sustenta, que han sido designados para el desempeño de cargos políticos en la administración. 

Este colectivo recuerda actuaciones anteriores de la Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, bajo cuya dirección estaba el operativo en aquella manifestación, ha recibido varias sentencias en contra y advertencias de la Defensora del Pueblo por limitar el derecho de manifestación, además de reiteradas peticiones de dimisión por parte de organizaciones y colectivos ciudadanos.  

Este colectivo, que hace un llamamiento “a la denuncia pública y a la solidaridad”, inscribe esta sanción en la “oleada represiva”, antesala de las “leyes Mordaza”,  con las que, señalan se ha querido frenar la movilización social desarrollada en estos pasados años frente a las políticas de recortes sociales y de derechos.


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