En España hay presxs políticxs. Y otra vez (como en el franquismo) campañas reclamando amnistía para ellos.
La dictadura financiera que vivimos se ha cobrado el que el primer preso político, con condena en firme, del ciclo de protestas sociales, pacíficas, que se inicia en mayo de 2011. Carlos, estudiante de medicina, participante en una movilización del movimiento 15M en Granada, en la que luchaba por los derechos sociales, laborales y democráticos de toda la ciudadanía, ha entrado en prisión. La dictadura financiera, gestionada en España, por el gobierno de Rajoy, quiere evitar que estas movilizaciones pongan en riesgo sus beneficios económicos, que aumentan a costa de destruir las condiciones de vida de la población.
Hemos de hacer que cada minuto que pase Carlos en prisión lo paguen políticamente los represores que tenemos en el gobierno y en el PP, que cada instante de esta injusticia sirva para conseguir una democracia de verdad y una economía al servicio de las personas. Junto a miles de personas ya han exigido la libertad de Carlos Noam Chomsky, Luis García Montero, Almudena Grandes, Fernando Trueba, Pilar Bardem, Joaquín Sabina, José Chamizo (ex Defensor del Pueblo Andaluz), Ada Colau, etc, etc. Juristas han pedido la nulidad de su juicio por contravenir derechos fundamentales.
Adjuntamos la nota informativa del movimiento 15M de Granada sobre su ingreso en la cárcel.
Carlos Cano se entrega voluntariamente en Granada
(Nota de prensa del movimiento 15M de Granada, 15 de julio de 2014)
Carlos Cano se ha entregado por voluntad propia este lunes, 14 de julio, en Granada, tras la providencia que emitió el pasado viernes el Juzgado de lo Penal nº1 apremiando la ejecución de su sentencia, por su participación en la huelga general del 29 de marzo de 2012.
La condena impuesta a Carlos Cano, y a otra participante de la huelga, Carmen Bajo, incluye tres años y un día de prisión, más una multa de 3.655 € a cada uno. Además se le impuso a Carlos una indemnización de 767 euros, que ya ha pagado a los propietarios del local en el que fueron identificados.
Carlos ha ordenado sus asuntos personales y se ha despedido de sus seres queridos más cercanos. Sus padres y algunos amigos lo han acompañado junto con su abogado hasta la misma puerta del centro penitenciario.
“Mis padres, mis hermanos, toda mi familia y amigos han estado a mi lado en todo momento. Veo que hay un enorme apoyo social, que la gente entiende que esta medida es injusta. Siento que no estoy solo, me da fuerza ver personas de todo color político apoyándome. Es ese apoyo lo que me salva de lo que significa la cárcel. En quien confío es en la gente y lo que espero es que se haga justicia”, dice Carlos.
Foto: Carlos despidiéndose de sus padres para ingresar en prisión. Foto: 15M Granada
Su familia agradece todo el apoyo recibido para evitar el ingreso de Carlos en prisión. “Incluso con todo el aliento que nos da saber que está tan entero y que hay tanto apoyo ciudadano, se trata de un trance agotador, en muchos sentidos”, dice su hermano Pedro.
Judicialmente, tanto por parte de Carlos como de Carmen, hasta ahora se ha recurrido la sentencia a la Audiencia Provincial, que la ratificó el día 20 de mayo. Además, se presentaron sendas apelaciones de incidente de nulidad de actuaciones que fueron inadmitidos a trámite. Carlos y Carmen aún están a la espera de la aceptación a trámite del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el que reclamaban medidas cautelares de suspensión a la ejecución de su condena hasta finalizar el tramite.
El caso de Carlos y Carmen
Carlos y Carmen, un estudiante de medicina y una trabajadora en desempleo, fueron identificados aleatoriamente por la policía en un piquete informativo del 15M de Granada formado por más de 200 personas a la salida de un bar, en la huelga general del 29M. El bar no cerró sus puertas, en su interior no hubo amenazas ni actitudes violentas y no se le impidió a nadie que trabajase mientras que el piquete estaba allí. Posteriormente, la propietaria del local presentó una denuncia y, meses más tarde, en mayo de 2013, el fiscal pidió en el juicio una “sentencia ejemplarizante, no sólo para ellos sino para que a nadie se le ocurra hacer nada parecido”, algo contrario a derecho. Finalmente, el juez les condenó a 3 años y un día de cárcel por un “delito contra el derecho de los trabajadores” cuando, paradójicamente, ellxs salieron a defender estos derechos y cuando no se le impidió a nadie trabajar. Finalmente fueron condenados.
A Carmen le han dado un mes de margen para entrar en prisión por su situación familiar. Llevaba años esperando la respuesta de los servicios sociales ante su difícil situación económica. En cambio la represión política va a toda velocidad.
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